Hungría toma medidas drásticas contra el comercio de encriptación no autorizado, con penas de hasta 8 años de prisión
Hungría ha implementado recientemente medidas penales severas contra actividades de encriptación no autorizadas, convirtiéndose en uno de los países con la postura más dura dentro de la UE. La nueva legislación ha transformado las transacciones diarias de encriptación en potenciales trampas legales, provocando una fuerte conmoción en la industria de la tecnología financiera.
Según las nuevas regulaciones que entrarán en vigor el 1 de julio, realizar transacciones de encriptación en plataformas de comercio no autorizadas puede conllevar hasta 8 años de prisión. La repentina implementación de esta ley ha obligado a varias grandes empresas de tecnología financiera a suspender sus servicios en Hungría, afectando a millones de usuarios. Los expertos de la industria advierten que esto podría llevar a una fuga masiva de capitales, dejando a los inversores en una situación de confusión legal.
Nuevas regulaciones: transacciones encriptadas no autorizadas podrían enfrentar severas multas
El nuevo Código Penal revisado de Hungría ha añadido los delitos de "abuso de encriptación de activos" y "ofrecer servicios de intercambio de encriptación de activos no autorizados". Según la nueva ley, cualquier persona que realice transacciones de criptomonedas en una plataforma no autorizada puede ser condenada a un máximo de 2 años de prisión. Si el monto de la transacción supera aproximadamente 140,000 dólares, la pena puede llegar a 3 años; si supera aproximadamente 1,400,000 dólares, la pena se extenderá a 5 años.
Para los proveedores de servicios que operan sin la licencia de aprobación del gobierno, la ley establece las sanciones más severas, con penas de hasta 8 años de prisión. Esta reforma integral ha tomado por sorpresa a empresas e inversionistas.
Según informes, aproximadamente 500,000 húngaros utilizan ingresos declarados legalmente para invertir en encriptación, pero bajo el nuevo marco confuso, muchos usuarios podrían enfrentarse a cargos penales debido a actividades de encriptación pasadas o en curso. Un profesional de la industria declaró: "Los usuarios comunes corren el riesgo de ser procesados por simplemente gestionar sus inversiones como de costumbre."
Es importante señalar que la Autoridad de Supervisión Financiera de Hungría (SZTFH) tiene 60 días para establecer mecanismos de cumplimiento y aplicación de la ley, pero el entorno legal actual sigue siendo incierto. La nueva ley también exige que todas las transacciones encriptación sean revisadas por "verificadores" autorizados y que se emita un certificado de cumplimiento. Las transacciones sin este certificado de cumplimiento se considerarán legalmente inválidas, y participar en este tipo de transacciones podría dar lugar a sanciones penales.
La empresa de tecnología financiera suspende servicios, el camino de cumplimiento es incierto
La incertidumbre legal ha llevado a los principales participantes del mercado a retirarse de Hungría. El 9 de julio, un nuevo banco con sede en Londres anunció que "hasta nuevo aviso" suspendería todos los servicios de encriptación. La empresa tiene más de 2 millones de usuarios en Hungría.
Los usuarios aún pueden transferir activos encriptación existentes a billeteras externas, pero la compra, recarga y servicios de staking se han congelado por completo. La empresa afirmó que la suspensión de las operaciones es para garantizar el cumplimiento total de la legislación nacional húngara y el nuevo marco de regulación encriptación de la UE, MiCA.
La empresa actualmente está solicitando la autorización MiCA a través de su entidad de la UE, pero la licencia local adicional requerida por el banco central de Hungría complica aún más el proceso. A partir del 7 de julio, la empresa también ha congelado completamente el saldo de encriptación y ha cerrado incluso la función de venta de tokens.
Desconexión de la regulación de encriptación entre Hungría y la UE
El momento del ataque de Hungría a la encriptación es especialmente notable, ya que el marco regulatorio MiCA de la UE también entró en vigor el 1 de julio. MiCA tiene como objetivo establecer un marco legal unificado para el mercado de encriptación en toda la UE, y varios estados miembros han optado por retrasar su implementación para garantizar una transición suave. Sin embargo, Hungría va en contra de este camino de coordinación.
Un analista declaró: "Es difícil de comprender por qué Hungría implementa regulaciones tan estrictas justo cuando la Unión Europea acaba de establecer un estándar unificado. Esto causará una enorme incertidumbre legal y afectará la innovación en fintech."
Sin embargo, la represión de las transacciones encriptación parece ser solo una parte de una tendencia más amplia en la política de Hungría. El gobierno también ha implementado regulaciones que restringen la propiedad de acciones por parte de empresas extranjeras y ha introducido leyes que asignan parte de las donaciones de los ciudadanos al estado.
Los críticos sostienen que estas políticas afectan principalmente a los votantes con un nivel de educación más alto en las ciudades, y estos grupos suelen no apoyar al partido en el poder.
A pesar de que las acciones de cumplimiento contra las grandes plataformas de intercambio globales se consideran poco probables, las empresas registradas en Hungría y los usuarios locales ahora enfrentan riesgos legales. Esto ha llevado a una paradoja: las plataformas extranjeras pueden continuar ofreciendo servicios a los clientes húngaros sin casi enfrentar consecuencias, mientras que las empresas locales pueden ser demandadas.
El banco central de Hungría anunció el 3 de julio que excluirá la encriptación de las reservas oficiales, lo que agrava aún más el ambiente restrictivo, argumentando que los activos encriptados son altamente volátiles y con una regulación poco clara. El banco central declaró: "Se debe dar prioridad a la estabilidad y fiabilidad de los activos de reserva." Al mismo tiempo, reafirmó su preferencia por activos tradicionales como el oro y las monedas fiduciarias.
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Rugpull幸存者
· 07-20 20:30
Esto es demasiado duro, mejor escapar pronto.
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CryptoCross-TalkClub
· 07-20 20:26
¿Desde cuándo los tontos se han convertido en criminales de alto riesgo? Finalmente, la comida en prisión es gratuita.
Hungría toma medidas drásticas: hasta 8 años de prisión por transacciones encriptadas no autorizadas.
Hungría toma medidas drásticas contra el comercio de encriptación no autorizado, con penas de hasta 8 años de prisión
Hungría ha implementado recientemente medidas penales severas contra actividades de encriptación no autorizadas, convirtiéndose en uno de los países con la postura más dura dentro de la UE. La nueva legislación ha transformado las transacciones diarias de encriptación en potenciales trampas legales, provocando una fuerte conmoción en la industria de la tecnología financiera.
Según las nuevas regulaciones que entrarán en vigor el 1 de julio, realizar transacciones de encriptación en plataformas de comercio no autorizadas puede conllevar hasta 8 años de prisión. La repentina implementación de esta ley ha obligado a varias grandes empresas de tecnología financiera a suspender sus servicios en Hungría, afectando a millones de usuarios. Los expertos de la industria advierten que esto podría llevar a una fuga masiva de capitales, dejando a los inversores en una situación de confusión legal.
Nuevas regulaciones: transacciones encriptadas no autorizadas podrían enfrentar severas multas
El nuevo Código Penal revisado de Hungría ha añadido los delitos de "abuso de encriptación de activos" y "ofrecer servicios de intercambio de encriptación de activos no autorizados". Según la nueva ley, cualquier persona que realice transacciones de criptomonedas en una plataforma no autorizada puede ser condenada a un máximo de 2 años de prisión. Si el monto de la transacción supera aproximadamente 140,000 dólares, la pena puede llegar a 3 años; si supera aproximadamente 1,400,000 dólares, la pena se extenderá a 5 años.
Para los proveedores de servicios que operan sin la licencia de aprobación del gobierno, la ley establece las sanciones más severas, con penas de hasta 8 años de prisión. Esta reforma integral ha tomado por sorpresa a empresas e inversionistas.
Según informes, aproximadamente 500,000 húngaros utilizan ingresos declarados legalmente para invertir en encriptación, pero bajo el nuevo marco confuso, muchos usuarios podrían enfrentarse a cargos penales debido a actividades de encriptación pasadas o en curso. Un profesional de la industria declaró: "Los usuarios comunes corren el riesgo de ser procesados por simplemente gestionar sus inversiones como de costumbre."
Es importante señalar que la Autoridad de Supervisión Financiera de Hungría (SZTFH) tiene 60 días para establecer mecanismos de cumplimiento y aplicación de la ley, pero el entorno legal actual sigue siendo incierto. La nueva ley también exige que todas las transacciones encriptación sean revisadas por "verificadores" autorizados y que se emita un certificado de cumplimiento. Las transacciones sin este certificado de cumplimiento se considerarán legalmente inválidas, y participar en este tipo de transacciones podría dar lugar a sanciones penales.
La empresa de tecnología financiera suspende servicios, el camino de cumplimiento es incierto
La incertidumbre legal ha llevado a los principales participantes del mercado a retirarse de Hungría. El 9 de julio, un nuevo banco con sede en Londres anunció que "hasta nuevo aviso" suspendería todos los servicios de encriptación. La empresa tiene más de 2 millones de usuarios en Hungría.
Los usuarios aún pueden transferir activos encriptación existentes a billeteras externas, pero la compra, recarga y servicios de staking se han congelado por completo. La empresa afirmó que la suspensión de las operaciones es para garantizar el cumplimiento total de la legislación nacional húngara y el nuevo marco de regulación encriptación de la UE, MiCA.
La empresa actualmente está solicitando la autorización MiCA a través de su entidad de la UE, pero la licencia local adicional requerida por el banco central de Hungría complica aún más el proceso. A partir del 7 de julio, la empresa también ha congelado completamente el saldo de encriptación y ha cerrado incluso la función de venta de tokens.
Desconexión de la regulación de encriptación entre Hungría y la UE
El momento del ataque de Hungría a la encriptación es especialmente notable, ya que el marco regulatorio MiCA de la UE también entró en vigor el 1 de julio. MiCA tiene como objetivo establecer un marco legal unificado para el mercado de encriptación en toda la UE, y varios estados miembros han optado por retrasar su implementación para garantizar una transición suave. Sin embargo, Hungría va en contra de este camino de coordinación.
Un analista declaró: "Es difícil de comprender por qué Hungría implementa regulaciones tan estrictas justo cuando la Unión Europea acaba de establecer un estándar unificado. Esto causará una enorme incertidumbre legal y afectará la innovación en fintech."
Sin embargo, la represión de las transacciones encriptación parece ser solo una parte de una tendencia más amplia en la política de Hungría. El gobierno también ha implementado regulaciones que restringen la propiedad de acciones por parte de empresas extranjeras y ha introducido leyes que asignan parte de las donaciones de los ciudadanos al estado.
Los críticos sostienen que estas políticas afectan principalmente a los votantes con un nivel de educación más alto en las ciudades, y estos grupos suelen no apoyar al partido en el poder.
A pesar de que las acciones de cumplimiento contra las grandes plataformas de intercambio globales se consideran poco probables, las empresas registradas en Hungría y los usuarios locales ahora enfrentan riesgos legales. Esto ha llevado a una paradoja: las plataformas extranjeras pueden continuar ofreciendo servicios a los clientes húngaros sin casi enfrentar consecuencias, mientras que las empresas locales pueden ser demandadas.
El banco central de Hungría anunció el 3 de julio que excluirá la encriptación de las reservas oficiales, lo que agrava aún más el ambiente restrictivo, argumentando que los activos encriptados son altamente volátiles y con una regulación poco clara. El banco central declaró: "Se debe dar prioridad a la estabilidad y fiabilidad de los activos de reserva." Al mismo tiempo, reafirmó su preferencia por activos tradicionales como el oro y las monedas fiduciarias.